Bogotá, 2 de diciembre de 2024 – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso significativo en la investigación del macro caso 07, que se centra en el reclutamiento y uso de menores de edad en el conflicto armado, así como otros crímenes graves cometidos contra ellos. Este caso abarca hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016, con el propósito de esclarecer la verdad, garantizar justicia y promover la reparación a las víctimas.
El 13 de noviembre de 2024, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó cargos a seis exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP por ser los máximos responsables de los crímenes de reclutamiento y uso de menores, así como de delitos como homicidio, tortura y violencia sexual, entre otros. Los imputados son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos. La imputación se basa en la recopilación de 77 informes de organizaciones de víctimas y ocho de entidades estatales, además de 951 acreditaciones de sobrevivientes y familiares de niños y niñas desaparecidos. Esta información permitió reconstruir la historia de reclutamiento de 805 menores, de los cuales el 56% eran niños y el 44% niñas.
El auto de Determinación de Hechos y Conductas reveló cinco patrones macrocriminales, entre ellos el reclutamiento y uso de menores, malos tratos, torturas, violencia sexual y reproductiva, así como violencias basadas en prejuicios contra menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
La investigación también señaló que un 28% de los menores reclutados desaparecieron, lo que ha implicado un arduo trabajo de búsqueda por parte de sus familias, en su mayoría mujeres, que enfrentaron condiciones adversas y escaso apoyo institucional. En colaboración con la UBPD, se recuperaron 47 cuerpos, de los cuales ocho fueron identificados, seis de los cuales eran víctimas de reclutamiento y dos habían sido asesinados antes de cumplir los 18 años.
Otro aspecto clave del caso fue el impacto del reclutamiento de menores en comunidades indígenas, lo que aumentó el riesgo de extinción de estos pueblos. Las Farc-EP aprovecharon la vulnerabilidad histórica de estas comunidades, imponiendo normas y afectando su cultura.
El siguiente paso en el proceso será notificar a los exintegrantes de las Farc-EP, quienes tendrán 30 días para aceptar o rechazar su responsabilidad, presentar evidencia adicional o argumentar su posición. Si aceptan su responsabilidad, se convocará una Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad con la participación de las víctimas. En caso contrario, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
Si se reconoce la responsabilidad, la JEP emitirá una resolución de conclusiones y enviará el caso al Tribunal para la Paz, que determinará una sanción reparadora en consulta con las víctimas. Si los excombatientes niegan su responsabilidad, podrán enfrentar un juicio adversarial y, en caso de ser condenados, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.